Gas envasado: el gobierno no incidirá en el precio, la oferta ni la demanda
El Gobierno modificó el marco regulatorio para la industria y comercialización del gas envasado. Así, limitó la intervención estatal: solo controlará cuestiones referidas a la seguridad, sin influir en el precio, la oferta ni la demanda.
El Gobierno nacional modificó este jueves aspectos centrales de la Ley 26.020, que regula la actividad del gas licuado de petróleo (GLP), comúnmente conocido como gas en garrafa o gas envasado.
Mediante el Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que el Estado dejará de intervenir en temas relacionados con los precios, la oferta y la demanda, limitando su participación a tareas de fiscalización. En adelante, esas cuestiones estarán “regidas por el funcionamiento libre y competitivo del mercado, que constituye el mecanismo más eficiente para asignar recursos y promover el desarrollo del sector”.
Uno de los cambios clave permite que “se podrán instalar nuevas plantas o ampliarse las existentes sin otro requisito más que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación”, eliminando trabas burocráticas para el desarrollo de la industria.
La Secretaría de Energía solo se enfocará en aspectos de seguridad
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será ahora la única autoridad de aplicación y organismo de fiscalización, y tendrá funciones limitadas a inspecciones técnicas, pruebas e intervenciones orientadas exclusivamente a “resguardar la salud pública”.
En este marco, “verificará la veracidad y el cumplimiento de la información y documentación aportada al momento de la presentación de la documentación e indicará las subsanaciones que correspondan dentro de un plazo de diez días hábiles contados desde su presentación”. Se aclaró además que, “cumplido ese plazo, el silencio tendrá sentido positivo”, lo que implica una aprobación automática si no hay respuesta oficial.
Respecto a la comercialización, se estableció que “los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca o leyenda”, abriendo la competencia en toda la cadena de valor.
Importación libre y flexibilización del uso de envases
El nuevo esquema también habilita la libre importación del combustible: “sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa”, mientras que “la exportación será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno”.
Otro aspecto relevante de la reforma establece que “el envasado de GLP en envases que no sean de su marca o leyenda podrá ser acordado libremente entre fraccionadores mediante contratos bilaterales”, promoviendo el intercambio entre actores del sector.
Además, se impone la obligación de recibir envases usados de cualquier marca, con el objetivo de garantizar la devolución y reutilización del material. Cada nuevo llenado deberá ser registrado mediante una etiqueta con el nombre de la planta envasadora.
Críticas al modelo anterior y apuesta al sector privado
En los considerandos del decreto, el Gobierno señala que el régimen anterior “otorgaba un rol protagónico a la autoridad de aplicación en materia de regulación económica, técnica y operativa”, lo que, según explican, “generó en muchos casos sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactan negativamente en los precios al consumidor”.
El Poder Ejecutivo afirma que “el sector privado es el principal interesado en expandir la producción, el fraccionamiento y la comercialización de GLP”, y que cuenta con la capacidad necesaria para “mejorar la calidad del servicio, diversificar la oferta y optimizar la operación de la industria”, especialmente en lo referido al canje de envases.
Finalmente, la norma, que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, remarca que “solo resultaría suficiente que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación para poder operar en los distintos segmentos de la industria, sin necesidad de una autorización previa por parte de la Autoridad de Aplicación”. Según el Gobierno, estas medidas buscarán “asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo" a sectores sociales residenciales de escasos recursos. (Con información del Boletín Oficial)
Fuente: EL ONCE
